UCCL pide sanciones más duras para los hurtos producidos en el campo

Esta organización denuncia que los robos ponen en peligro el desarrollo de la actividad agraria y cuestiona la escasa pena que conllevan

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se congratuló de que el Gobierno haya decidido aumentar la vigilancia en las zonas rurales ante la creciente oleada de robos en el campo "que se extiende desde cosechas y animales hasta maquinaria y motores de riego, lo que provoca la indefensión e impotencia de los agricultores y ganaderos".
Esta organización denuncia que los robos ponen en peligro el desarrollo de la actividad agraria y recuerda que la mayoría de los hurtos de cosechas, pozos y motores de riego, cobre, etc., que se cometen en el campo son considerados por el Código Penal como una mera falta de hurto que sólo se castiga con una pequeña multa, por lo que solicita que se modifica la normativa. El sindicato asevera que el Código Penal tampoco castiga la reincidencia en el campo y de este modo "se pueden cometer varios robos en un breve plazo de tiempo y ser tipificados no obstante sólo como una falta siempre que la cuantía económica no supere 400 euros".
Hay que tener en cuenta, además, prosigue la organización, que por parte de las compañías aseguradoras, en muchos casos, trasladan al agricultor o ganadero un incremento en la prima "desmesurado, o unas condiciones para asegurar bienes cuyos costes, en ocasiones supera el precio del bien a asegurar o incluso se niegan a asegurar equipos".
La organización explica, a través de un comunicado de prensa, que aparte de las pérdidas directas que ocasionan los robos en el campo el problema añadido es el de los destrozos que se producen en las instalaciones, sobre todo por lo que se refiere a los pozos de riego y casetas de campo "donde los desperfectos suelen costar más del triple de lo que se llevan".
UCCL solicitará mañana a Miguel Alejo, durante una reunión en la que el delegado del Gobierno les presentará el plan diseñado por el Ejecutivo para atajar el incremento de las acciones delictivas en el medio rural, "una estrategia clara al respecto, junto a las comunidades autónomas, para perfilar un mapa de las zonas más afectadas, realizar un seguimiento y mejorar la eficiencia en la prevención y persecución de esos delitos en las zonas rurales".
En este sentido, UCCL pide al Gobierno que traslade a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado la necesidad de "extremar la vigilancia" en las zonas rurales, que se controle "exhaustivamente" la mercancía o maquinaria que sale de las mismas y que se realicen visitas periódicas de inspección a aquellas empresas o comercios sospechosos de comerciar con productos agrícolas robados o con herramientas o cobre sustraídos en esos lugares.
En opinión de UCCL, las administraciones locales, provinciales, autonómicas y estatales "deben darse cuenta que la vigilancia y control no termina con las últimas casas de los pueblos y que las zonas rurales no deben quedar desamparadas en todo lo referente a la seguridad de las mismas". "Los agricultores y ganaderos, los habitantes de las zonas rurales, pagan sus impuestos igual que los de las zonas urbanas, pero lamentablemente no disponen de los mismos servicios", agregan.