29-04-2011
La Comisión Europea debe elaborar antes de finales de 2012, un informe sobre el impacto de la reforma de la OCM del régimen vitícola de la UE, en vigor desde 2008.
- Tabanera
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León creen que la medida, que entraría en vigor a partir de 2015, supondría "un grave riesgo", tanto económico, como social y medioambiental, para el sector vitícola español. Ante la "creciente preocupación del sector", UCCL considera que esta medida supondría beneficiar a algunos grandes industriales, en perjuicio de muchos miles de viticultores.
Esta Organización, que ya ha solicitado en varias ocasiones a la Ministra el cumplimiento de la normativa vigente y el control sobre las plantaciones de viñedo, reitera su posición al Ministerio, y exige al gobierno español, "que clarifique su posición en relación con la liberalización de plantaciones de viñedo".
El mantenimiento del sistema de derechos de plantación es, en opinión de UCCL, "el único mecanismo de control sobre las plantaciones de viñedo, y el único camino para llegar a un equilibrio de la producción, a la vez que trata de garantizar un nivel razonable de ingresos a los productores".
Argumentan que en España hay "suficiente" producción de vino, ya que según datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria, las declaraciones de existencias de vino y mosto en la campaña 2010-2011, a fecha 15 de abril de 2011, alcanzaron los 39,8 millones de hectolitros, lo que supone un 4 por ciento más que en la campaña anterior.
Dicen que las Denominaciones de Origen ya han manifestado su oposición advirtiendo "la distorsión que supondría la liberalización de plantaciones prevista por la UE para el sector productor y las regiones vitivinícolas". En este sentido, nueve países europeos - Francia, Italia, Alemania, Austria, Chipre, Hungría, Portugal, Rumania y Luxemburgo- han dirigido una carta al comisario europeo, manifestando su posición "en contra" de la eliminación de los derechos de plantación, mientras que el gobierno de España no se ha pronunciado al respecto.
Además, el sector productor europeo, también apoya la iniciativa de los citados países, a través del Copa- Cogeca que ya se ha manifestado a favor del mantenimiento de los derechos de plantación.
Desde la Unión de Campesinos de Castilla y León creen que la medida, que entraría en vigor a partir de 2015, supondría "un grave riesgo", tanto económico, como social y medioambiental, para el sector vitícola español. Ante la "creciente preocupación del sector", UCCL considera que esta medida supondría beneficiar a algunos grandes industriales, en perjuicio de muchos miles de viticultores.
Esta Organización, que ya ha solicitado en varias ocasiones a la Ministra el cumplimiento de la normativa vigente y el control sobre las plantaciones de viñedo, reitera su posición al Ministerio, y exige al gobierno español, "que clarifique su posición en relación con la liberalización de plantaciones de viñedo".
El mantenimiento del sistema de derechos de plantación es, en opinión de UCCL, "el único mecanismo de control sobre las plantaciones de viñedo, y el único camino para llegar a un equilibrio de la producción, a la vez que trata de garantizar un nivel razonable de ingresos a los productores".
Argumentan que en España hay "suficiente" producción de vino, ya que según datos facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria, las declaraciones de existencias de vino y mosto en la campaña 2010-2011, a fecha 15 de abril de 2011, alcanzaron los 39,8 millones de hectolitros, lo que supone un 4 por ciento más que en la campaña anterior.
Dicen que las Denominaciones de Origen ya han manifestado su oposición advirtiendo "la distorsión que supondría la liberalización de plantaciones prevista por la UE para el sector productor y las regiones vitivinícolas". En este sentido, nueve países europeos - Francia, Italia, Alemania, Austria, Chipre, Hungría, Portugal, Rumania y Luxemburgo- han dirigido una carta al comisario europeo, manifestando su posición "en contra" de la eliminación de los derechos de plantación, mientras que el gobierno de España no se ha pronunciado al respecto.
Además, el sector productor europeo, también apoya la iniciativa de los citados países, a través del Copa- Cogeca que ya se ha manifestado a favor del mantenimiento de los derechos de plantación.
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