Medina de Pomar / Polémica
Asaja, UCCL, UPA y COAG creen que la industria emitirá «contaminantes tóxicos y peligrosos con efectos perversos sobre tierras y aguas idóneas para la agricultura y ganadería de calidad»
(FOTO) En los alrededores de la futura planta prevalece el cultivo de cereal y patatas y algo más alejadas están las huertas. A.C.
A.C. / Moneo
Pedro Puras, presidente de COAG; Gabriel Delgado Lara, secretario General de UPA; José Manuel de las Heras, presidente de UCCL; y José María Valdivielso, presidente de Asaja, han rubricado un documento conjunto en el que, «en defensa de los profesionales de la agricultura y la ganadería», se posicionan «en contra de la instalación de la planta industrial de Moneo, por su peligrosidad para las personas y para el medio ambiente». Así pues, todas las organizaciones agrarias de la provincia han hecho frente común con la Plataforma Merindades Limpias y la Asociación de Amigos de Moneo para manifestar su rechazo a un discutido proyecto industrial.
La empresa Reciclados Ecológicos Burgaleses pretende tratar en su planta de Moneo neumáticos, aceites minerales usados y restos no férricos de vehículos y aparatos electrónicos y eléctricos con el fin de generar hidrocarburo. El proyecto cuenta con autorización ambiental de la Junta de Castilla y León desde septiembre, pero las organizaciones agrarias señalan que «esa autorización inscribe la planta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, cuando es una actividad altamente contaminante, al tratarse de una planta de tratamiento de residuos peligrosos de enorme magnitud».
Por ello y como el resto de grupos detractores, exigen un estudio de impacto ambiental: «En cualquier territorio, con más razón aún en los de alto valor ecológico como Las Merindades, es imprescindible contar con exhaustivos estudios de evaluación de impacto ambiental que salvaguarden los intereses legítimos de sus habitantes». A ello añaden que un estudio analizaría «el impacto sobre los seres humanos, la fauna, la flora y las repercusiones en el medio, incluso de tipo económico y, lo que es más importante, la empresa y la Administración se verían obligadas a contemplar todas las sustancias que se pueden emitir, cumplir lo establecido por la ley y establecer controles rigurosos y análisis periódicos de dichos controles». Además, los representantes de las organizaciones agrarias no entienden como «una pequeña granja agrícola necesita estudio de impacto ambiental y para una actividad de estas características y envergadura no es preceptivo».
COAG, UPA, UCCL y Asaja coinciden en asegurar que la planta «tiene claros peligros de exposiciones nocivas de la atmósfera y de las aguas, aparte de peligros inherentes de residuos permitidos, como lodos, polvo negro de humo, cenizas e hidrocarburos». Para las asociaciones agrarias, los «efectos perversos, probablemente irreparables, que los contaminantes tóxicos y peligrosos pueden tener en unas tierras y aguas idóneas para la agricultura y la ganadería, condenarían a nuestros agricultores y ganaderos a no poder llevar a cabo sus tareas, lo que conllevaría la pérdida de innumerables puestos de trabajo en un radio de 30 a 40 kilómetros». Desde el sector agrario afirman que la instalación de esta empresa perjudicará «la trazabilidad de todos los productos agrícolas exigida por la Unión Europea» y «puede llegar a anularse completamente la producción de alimentos de calidad en la zona».
La empresa Reciclados Ecológicos Burgaleses pretende tratar en su planta de Moneo neumáticos, aceites minerales usados y restos no férricos de vehículos y aparatos electrónicos y eléctricos con el fin de generar hidrocarburo. El proyecto cuenta con autorización ambiental de la Junta de Castilla y León desde septiembre, pero las organizaciones agrarias señalan que «esa autorización inscribe la planta en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, cuando es una actividad altamente contaminante, al tratarse de una planta de tratamiento de residuos peligrosos de enorme magnitud».
Por ello y como el resto de grupos detractores, exigen un estudio de impacto ambiental: «En cualquier territorio, con más razón aún en los de alto valor ecológico como Las Merindades, es imprescindible contar con exhaustivos estudios de evaluación de impacto ambiental que salvaguarden los intereses legítimos de sus habitantes». A ello añaden que un estudio analizaría «el impacto sobre los seres humanos, la fauna, la flora y las repercusiones en el medio, incluso de tipo económico y, lo que es más importante, la empresa y la Administración se verían obligadas a contemplar todas las sustancias que se pueden emitir, cumplir lo establecido por la ley y establecer controles rigurosos y análisis periódicos de dichos controles». Además, los representantes de las organizaciones agrarias no entienden como «una pequeña granja agrícola necesita estudio de impacto ambiental y para una actividad de estas características y envergadura no es preceptivo».
COAG, UPA, UCCL y Asaja coinciden en asegurar que la planta «tiene claros peligros de exposiciones nocivas de la atmósfera y de las aguas, aparte de peligros inherentes de residuos permitidos, como lodos, polvo negro de humo, cenizas e hidrocarburos». Para las asociaciones agrarias, los «efectos perversos, probablemente irreparables, que los contaminantes tóxicos y peligrosos pueden tener en unas tierras y aguas idóneas para la agricultura y la ganadería, condenarían a nuestros agricultores y ganaderos a no poder llevar a cabo sus tareas, lo que conllevaría la pérdida de innumerables puestos de trabajo en un radio de 30 a 40 kilómetros». Desde el sector agrario afirman que la instalación de esta empresa perjudicará «la trazabilidad de todos los productos agrícolas exigida por la Unión Europea» y «puede llegar a anularse completamente la producción de alimentos de calidad en la zona».
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