Hace exactamente dos años que 200.000 profesionales de la agricultura y la ganadería hicieron oír su voz en una masiva movilización celebrada en Madrid, convocada por las tres organizaciones agrarias con representación nacional. El sector exigía al ministerio precios justos para sus productos, una fiscalidad adecuada, un plan de financiación y refinanciación o mayor transparencia en los precios de los insumos agrarios. Unas reivindicaciones «justas y de justicia», como indican los responsables de las organizaciones agrarias.
El 21 de noviembre, tal día como hoy, pero de hace dos años, era sábado. No se vivía la resaca de unas elecciones generales pero, como en esta jornada, quedaba la esperanza de que se tornara en un punto de inflexión en medio de una crisis. Eso sí que era igual que hoy. No obstante, la pregunta dos años después es saber dónde han quedado las reivindicaciones del sector y el compromiso de la administración.
Solo hay que darse un vuelta por cualquier explotación para constatar la evidencia de que crisis sigue instalada en el día a día de agricultores y ganaderos, y esto confirma que el Gobierno que ayer salió de las urnas se va a encontrar con los mismos problemas de hace dos años, con la especificidad de que la situación es mucho más grave en el caso de los ganaderos.
Hace justo 24 meses los agricultores y ganaderos españoles gritaron en las calles madrileñas ocho grande reivindicaciones. En primer lugar, precios justos para sus productos y la regulación de los mercados. En segundo, mayor transparencia en los precios de los insumos con la petición de revisar el marco que regula el suministro eléctrico a la explotaciones. En tercer lugar, una fiscalidad adecuada que recogiera el incremento del IVA compensatorio al sector ganadero o que se pusiera en marcha el gasóleo profesional. En cuarto, un plan de refinanciación del sector agrario. En quinto, la petición de una PAC más sólida después de 2013. Y finalmente, tres consideraciones más: que se definiera un verdadero plan de apoyo a las energías renovables; que se apoyara al sector apícola y que se pusiera en marcha un plan de concentración de la oferta e integración cooperativa para seguir evolucionando.
De lo que queda de aquella tabla reivindicativa y de lo que se ha conseguido o no, hablan para El Norte de Castilla los dirigentes regionales de las cuatro organizaciones agrarias. De Asaja, Donaciano Dujo; de UCCL, José Manuel González Palacín; de UPA, Julio López, y de Coag, Aurelio Pérez.
Donaciano Dujo, presidente de Asaja, hace una diferenciación entre lo que ha sucedido en España y en Europa. En este sentido, apunta directamente al Tribunal Nacional de la Competencia, «un organismo del Gobierno perjudicial para los intereses agrícolas, que ha favorecido a la gran distribución y que ha perjudicado a los precios en origen y lejos de apoyar, ha perseguido y denunciado cada vez que hemos intentado establecer algún tipo de acuerdo».
También recuerda que bajo la presidencia española de la UE «se volvieron a firmar acuerdos con países como Marruecos, perjudiciales para los intereses españoles porque nos afectan directamente».
En el caso de Aurelio Pérez, secretario de Coag, la respuesta es contundente ya que «no se ha puesto solución al tema de los precios mínimos». A pesar de lo dicho, opina que desde el organismo de la Competencia «está reconociendo situaciones de dominio de las grandes cadenas» y precisamente es, a este nivel interno, donde reclama que hay que abrir mucho más el camino de las interprofesionales «y dotarlas de capacidad para negociar precios».
Por su parte, Julio López, presidente de UPA, se refiere de manera concreta a la Ley de la Cadena Alimentaria y a un código de buenas prácticas comerciales. «Se tiene que seguir trabajando en esta ley que se ha quedado colgada porque no ha dado tiempo».
Por último, Jesús Manuel González Palacín, responsable de UCCL, asegura que esta reivindicación «evidentemente no se ha cumplido y la situación es bastante peor que hace dos años».
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