lunes, 28 de diciembre de 2009

La Junta propone un plan para el campo y pactos de Estado en educación, energía y vivienda

La Junta propone un plan para el campo y pactos de Estado en educación, energía y vivienda El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, durante su intervención tras la IV Conferencia de Presidentes/ ICAL

MONTSE SERRADOR | VALLADOLID

Domingo , 27-12-09

La Junta de Castilla y León dio ayer a conocer el documento que remitió esta misma semana al Ministerio de Política Territorial con el que da respuesta al presentado por el Gobierno de Zapatero en la IV Conferencia de Presidentes celebrada el 14 de diciembre. El Ejecutivo de Juan Vicente Herrera responde así a la propuesta de acuerdo entregada en el último momento por Zapatero con unas propuestas que la Junta considera «deslavazadas, escasas y generalizadas».
Este hecho ha llevado al Ejecutivo regional a redactar un paquete de 35 medidas incluidas en un «triple pacto por el impulso de las reformas económicas que nuestro país necesita». Se trata de un pacto político, que garantice un amplio apoyo parlamentario a las reformas; un pacto social, que articule una vigorosa concertación con los agentes económicos y sociales, y un pacto territorial, que coordine las iniciativas del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Posición con las Opas
El documento dedica, además, un amplio anexo al sector agrario y su industria de transformación, extraído de la posición común del Gobierno de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias (Asaja, UCCL, COAG y UPA). Este apartado comienza con la petición del reconocimiento expreso de que el sector agrario y alimentario español es un sector estratégico y prioritario en las actuaciones del Gobierno de la Nación y de las Comunidades Autónomas. «Este sector necesita este reconocimiento -reza el texto- para facilitar el impulso de políticas activas específicas dentro de una Política de Estado. En este sentido, se considera «imprescindible un compromiso firme del Gobierno de la nación, como se ha hecho con otros sectores productivos», para fijar con bancos y cajas de ahorro un marco de condiciones financieras ubicado en el territorio nacional, con aportaciones económicas del Estado y de las comunidades para formalizar convenios que permitan refinanciar la deuda del sector.
En este punto, la Junta propone el establecimiento de manera inmediata de un Plan Económico y de Financiación Específica para el Sector Agrario y Alimentario, que ya han puesto en marcha las mayores potencias agrarias de la Unión Europea, Francia y Alemania. El plan incluiría, en primer lugar, medidas para la refinanciación de la deuda actual con moratorias y mecanismos de flexibilidad en los pagos de intereses y amortizaciones; en segundo lugar, beneficios fiscales que permitan una compensación neta; en tercer lugar, una financiación específica coyuntural para el circulante en el marco aprobado por la Comisión Europea para el acceso a la financiación en el actual contexto de crisis, y, por último, un marco normativo estable que facilite las relaciones contractuales en los distintos eslabones de la cadena alimentaría: productor, industria y distribución.
El documento también propone una posición decidida y de liderazgo en las instituciones de la Unión Europea, para conseguir una Política Agraria Comunitaria reforzada en el nuevo período de programación 2014-2020, que consiga una agricultura competitiva, generadora de empleo y reconocida por toda la sociedad como motor de la economía, garante de suministros de alimentos y defensora del medio ambiente.
Por otra parte, bajo el epígrafe de «impulso a la competitividad», la Junta incluye una serie de propuestas dirigidas al restablecimiento del flujo del crédito hacia las familias y las empresas. En este sentido, se propone la «reestructuración y saneamiento del sistema financiero, en particular de las cajas de ahorros, en un marco de lealtad institucional, de coordinación y de respeto a la esfera de competencias que es propia de cada nivel de gobierno».
Otra de las ideas pasa por realizar un refuerzo de los mecanismos de financiación de las empresas, así como por la consideración como prioritario, en el actual contexto de reducción del crédito a las familias, del impulso de un pacto por la vivienda a nivel nacional para que se garantice el acceso de familias y jóvenes a la financiación, se flexibilicen los requisitos y se elimine el stock de viviendas sin vender. El segundo de los pactos propuesto por el Gobierno de Juan Vicente Herrera es por la energía «para reducir la dependencia energética del carbón y , el tercer pacto, por la educación, para permitir diseñar un modelo de financiación de las universidades sustentado en un sistema objetivo de resultados que premie la relación universidad-empresa, la investigación científica de calidad, la reducción del fracaso universitario y la vinculación entre la enseñanza universitaria y las necesidades de las empresas.
En cuanto a la política industrial, la Junta recuerda que el trabajo conjunto entre el Gobierno de la nación y las comunidades ha dado resultados positivos, como fue la asignación por parte de Renault de carga de trabajo para sus factorías en la Comunidad. De esta forma, se propone promover una coordinación estable para impulsar estrategias de competitividad, así como crear una estructura para el diseño y compromiso nacional sobre las políticas industriales sectoriales.
Uno de los últimos apartados del documento se refiere a la función pública, donde se reclama avanzar en el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, acordar la tasa de reposición anual de efectivos para avanzar en la reducción de la temporalidad y la negociación del V Acuerdo de Formación Continua.

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