martes, 11 de marzo de 2014

UCCL solicita la paralización de los expedientes abiertos por inspecciones en las cabinas de los tractores

Según las últimas estimaciones de UCCL-Ávila, el número de tractores afectados por estas irregularidades administrativas podría llegar a los 1.800 en nuestra provincia. El hecho de que los agricultores y ganaderos obviaran realizar las inspecciones a determinados vehículos podría suponer graves consecuencias en posibles denuncias de Tráfico, e incluso con los seguros en el caso de accidente.

 

La reunión con la Dirección General de Industria fue continuación de la mantenida el día 3 marzo entre el presidente de UCCL-Ávila, junto con miembros de los servicios jurídicos y técnicos por un lado, y el Jefe del Servicio Territorial de Industria y la Interventora de ITV en Ávila, por otro.

 

A la reunión con el Director General de Industria de la Consejería de Economía y Empleo acudieron el presidente de UCCL-Ávila, otros miembros del Comité Ejecutivo y su Secretario. Por parte de la Dirección General asistieron el propio director, Carlos  Martín de Tobalina, así como la Jefa del Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial, Miriam Conde, y el técnico Teodoro Llamazares.

 

Según indica la UCCL, en la reunión quedó "meridianamente claro", por parte del propio Director General, que el documento técnico que está exigiendo ITEVELESA, como empresa concesionaria en la provincia de Ávila, en las inspecciones de determinados tractores agrícolas no procede de instrucción alguna de la Dirección General, "como ya nos temíamos".

 

Aunque el Director General se ha comprometido a buscar una solución, y se ha fijado una reunión para el próximo viernes, desde los servicios jurídicos de UCCL se ha visto la urgente necesidad de solicitar el archivo de todos los expedientes administrativos abiertos con defecto grave y la paralización de los procedimientos como se vienen haciendo en la actualidad.

 

El recurso se ha presentado este lunes en el Servicio Territorial  de Industria. La argumentación jurídica está fundamentada en la inexistencia de norma alguna que sostenga las actuaciones de ITEVELESA, ni tampoco a la tasa que está cobrando, aparte de la que ya cobra por la inspección ordinaria. Hay que tener en cuenta que el agricultor o ganadero ha de pagar a un técnico los honorarios por el Estudio que, de forma irregular, les está exigiendo ITEVELESA.

 

Además, desde los servicios técnicos de UCCL se estudia la exigencia de responsabilidades a ITEVELESA por las actuaciones, en el aspecto indicado, realizadas hasta la fecha. Por el momento, indican, solo se han llevado a cabo las inspecciones en aproximadamente la cuarta parte de los municipios de la provincia, y "esperemos que estas actuaciones se frenen radicalmente".

tribunavila.com

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