jueves, 10 de octubre de 2013

Los europarlamentarios inician sus debates sobre la propuesta de normativa sobre semillas

10/10/2013

Los agricultores y cooperativas europeas del COPA-COGECA se han mostrado favorables a la propuesta de legislación sobre semillas que en mayo pasado presentó la Comisión Europea y ahora ha sido recientemente discutida en el Parlamento Europeo. Se espera que los europarlamentarios puedan tener una opinión al respecto en 2014.

Para el COPA-COGECA resulta positiva la simplificación normativa que la nueva propuesta traería, así como la reducción de la carga administrativa. No obstante, no se muestran de acuerdo en que se debilite la disposición actual que exige una certificación obligatoria de ciertas variedades registradas. Están a favor del mantenimiento de una lista positiva para diferentes variedades registradas en el nuevo reglamento. 

La Asociación Europea de Semillas (ESA en sus siglas en inglés) han acogido con satisfacción esta iniciativa de la Comisión Europea, que busca simplificar y armonizar la normativa a través de la unión de todas las directivas vigentes sobre cultivos específicos en una sola regulación. +

Una de las principales novedades de este nuevo paquete legislativo europeo es la integración de toda la temática referente a semillas bajo el control de la Oficina de Alimentación y Veterinaria (FVO ). 

Actualmente, solo pueden ser comercializadas las semillas que se encuentran en el Catálogo Oficial Europeo, el cual incluye más de 30.000 variedades autorizadas para ser cultivadas en la UE. Con las nuevas normas se quiere armonizar y acelerar el proceso.

Las semillas tradicionales estarían exentas de pruebas y de otros requisitos de registro. Además, de modo general, las microempresas que emplean menos de 10 personas y tienen una cifra de negocios inferior a 2 millones de euros quedarían exentas de las tasas de registro y podrían comercializar cualquier tipo de materiales como «materiales con nicho de mercado» sin registro. 

Estas nuevas normas podrían entrar en vigor en 2016, una vez que recibieran el visto bueno del Parlamento y el Consejo

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