lunes, 23 de enero de 2012

Las organizaciones agrarias confían en que Cañete introduzca mejoras en el sector

La consejera Silvia Clemente se reúne mañana con el ministro para abordar los problemas del campo

22.01.12 - 18:33 - 
Los ingresos de una explotación, agrícola o ganadera, que recibe ayudas de la PAC, se conforman, de media, con un 30% que procede de estas ayudas y, en el 70% restante, de los ingresoso de la venta de sus productos.Por tanto,, aunquela negociación de la reforma de la Política Agraria Común a partir de 2014 eclipse a menudo la actualidad, el verdadero problema del sector primario es el bajo precio que reciben por la venta de sus productos, tan bajo que, en ocasiones, no cubre lo que cuesta producirlo. Se aprietan las tuercas al primer eslabón de la cadena y también al último, el consumidor, que paga un precio que ha engordado en muchos casosmás de un 1000 por ciento (por ejemplo, el brócoli se paga esta semana a 15 céntimos el kilo al agricultor y el ciudadano lo compra a 1,60 euros. La diferencia es de un 1.067 %).
Tener una marca
Las organizaciones profesionales agrarias quieren que este problema sea una de las cuestiones que la consejera de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Silvia Clemente, ponga sobre la mesa del ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, en el encuentro que ambos mantendrán el martes.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, recuerda que la consejera «siempre ha apostado por la política de tener una marca, un precio y una calidad» y, por ello, pide que se traslade al ministro la necesidad de que la Comisión Nacional de la Competencia, que «ha aplaudido tanto a las multinacionales», cambie su rumbo y potencie al sector primario; que deje de imponer multas a organizaciones agrarias por establecer precios mínimos para los productos agrícolas, y que «posibilite los contratos, dando prestigio y garantía al sector primario».
No se trata de eliminar el principio de libre competencia -que protege la Comisión Nacional-, sino de «posibilitar al sector las relaciones contractuales, con un tipo de contrato que establezca el precio partiendo desde abajo (el productor), y no como ahora, que quien establece el precio es la distribución y cuando se llega al primer escalón, lo que se recibe está por debajo del coste de producción».
Para el coordinador de UCCL en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, la base para garantizar unos precios justos pasa por la puesta en marcha de una ley que regule las relaciones con la distribución, una legislación «de buenas prácticas comerciales» que garantice que cada eslabón de la cadena recibe la parte del precio que le corresponde y no se adueñe de la porción de otro.
Además plantea extender a toda España instrumentos como el que esta organización propone para el sector de ovino de leche: una mesa de negociación que siente a productores e industria para que acuerden un precio mínimo que se plasme en un contrato entre ambas partes. .
La leche de Portugal
Desde UPA miran a Portugal para encontrar un ejemplo que Silvia Clemente debería exponer al ministro para hacerle reflexionar sobre la actuación de dos países vecinos (Francia y Portugal) con políticas muy diferentes.
Al otro lado de la Raya, el gobierno luso ha retirado 270.000 litros de leche de los supermercados porque sospecha que no se ha pagado al ganadero un precio que cubra lo que le ha costado producirla; analizan si alguna cadena comercial ha incurrido en competencia desleal.
El coordinador de esta organización en Castilla y León, Julio López pide, por activa y por pasiva, que se «frene la especulación de la distribución», mientras el ganadero no deja de perder dinero por trabajar.
A su juicio, la Comisión Nacional de la Competencia, no debería impedir llegar a acuerdos entre productor e industria porque, razona, «no puede ser que no esté permitido poner precio de los productos, mientras se fija el precio de lo que se compra y lo que se vende». López pide la misma rigurosidad de la Comisión hacia los agricultores (a los que prohíbe fijar precios mínimos) con la distribución que «está incumpliendo la ley, vendiendo a pérdidas (por debajo del coste de producción)».
Como si del Ibex 35 o Wall Street se tratara, siente Aurelio Pérez, coordinador de COAG en Castilla y León, que están los precios de los productos del sector primario: en un juego diario de subidas y bajadas y eso, asegura, es insostenible para un sector que necesita una «estabilidad garantizada» y no estar «dirigidos» por los mercados.

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