Ataques de lobos El presidente de la Opa en Burgos apunta la posible aprobación de un «seguro» para paliar los daños mientras que el secretario provincial de UPA desconfía de las «buenas palabras»
La reciente constitución de la Mesa del Lobo el pasado jueves abre la posibilidad de que el panorama cambie. Al menos así lo entiende el presidente de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) en Burgos, Félix Arribas, pues cabe la posibilidad de establecer un «seguro que corra con los gastos que los lobos ocasionen». Aún así, mantiene sus reservas, porque «de ahí a que se haga realidad...».
En principio, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, dijo que «se estudiaría la posibilidad», de ahí que las Opas aguarden con expectación el desarrollo de una futura normativa que garantice la igualdad compensatoria entre los ganaderos al sur y al norte del Duero.
No comparte su optimismo el secretario provincial de UPA, Gabriel Delgado. A estas alturas de la película, desconfía de las «buenas palabras» y de las promesas de los políticos que al final «se quedan en agua de borrajas». Considera que a pesar de la creación de la Mesa del Lobo «no hay buen ambiente» y recuerda que los ganaderos «están muy quemados».
Con independencia de ambas perspectivas, lo cierto es que la Junta de Castilla y León y los ganaderos -a través de las organizaciones agrarias- mantienen desde hace años un tira y afloja que continúa sin resolverse al norte del río Duero. En la provincia de Burgos, los propietarios de explotaciones en comarcas como la Demanda o Las Merindades se las ven y se las desean con los cánidos mientras esperan que la Junta tome cartas en el asunto y establezca, como mínimo, la misma línea de ayudas de la que se benefician los ganaderos al sur del Duero.
Para algunos, la situación es insostenible. De hecho, más de uno se plantea echar el cierre al no poder afrontar el gasto adicional que supone la reposición de ejemplares y las pólizas del seguro frente a este tipo de daños. Por su parte, las organizaciones profesionales agrarias (Opas) persisten en su empeño para que el Ejecutivo autonómico dé su brazo a torcer y contemple la posibilidad de abrir el abanico de ayudas a los ganaderos afectados en la zona norte. Y es que la normativa solo beneficia a determinadas localidades de la Ribera del Duero como Aranda, Roa o San Martín de Rubiales.
En clave regional, UPA presentó recientemente un «completo» documento ante la Consejería de Medio Ambiente con el fin de abordar la «problemática» del lobo y de otras especies silvestres como los buitres, los topillos e incluso el oso pardo. El dossier plantea, entre otras cosas, el control poblacional de estos animales «cuando sea necesario» o una gestión adecuada de su alimentación con el fin de evitar que satisfagan su voraz apetito con el ganado de las explotaciones. Sin embargo, Delgado señala que hasta el momento no han recibido respuesta alguna desde el Gobierno autonómico.
Entretanto, el presidente de UCCL en Burgos insiste en que los ataques de lobos «no paran», sobre todo en el norte, donde «siguen haciendo de las suyas». De hecho, la oficina provincial de la organización ha recibido varias llamadas de ganaderos desesperados. Delgado, por su parte, señala que los daños «se están incrementando en el vacuno y en el caballar» porque se encuentran «más abandonados» que el ovino. La razón es muy sencilla: «el 99% de las explotaciones están recogiendo sus animales todos los días y están pendientes de ellos las 24 horas».
Sobre la proliferación de ataques en el norte y el descenso en la Demanda, el secretario provincial de UPA precisa que los lobos se están desplazando al Valle de Mena porque no existe tanto control y «allí puede 'trabajar' sin ningún problema». Sea como fuere, reitera que son los propios ganaderos quienes establecen mecanismos de defensa porque «la única obsesión de la Junta es tener su censo de lobos».
En este clima de «tensión» entre la Junta, ganaderos y conservacionistas, Suárez-Quiñones, aseguró tras la Mesa del Lobo que los ataques durante el primer semestre del año han disminuido «con carácter global» en toda la Comunidad salvo en Ávila, donde «está el mayor problema».
En lo que respecta a 2016, la Consejería de Medio Ambiente confirmó que se registraron 1.910 ataques y 3.486 reses muertas, lo que supone un incremento del 23 y del 26%, respectivamente, en relación al anterior ejercicio. Por otro lado, Suárez-Quiñones anunció que en torno al 20 de octubre se llevará a cabo un encuentro con técnicos de la Unión Europea en Ávila y otras zonas de la Comunidad para «comprobar in situ estos problemas» a pie «de campo».
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