Buenas propuestas. España propugna mantener las ayudas directas y potenciar mecanismos de mercados para defender las rentas, y se opone a que la Unión lleve a cabo, como pretenden algunos países, renacionalizar el sector
El Gobierno confía en que se pueda aplicar la futura política de contratos en el sector de la leche.
DB-Vidal Maté
Los ministros comunitarios de Agricultura han proseguido en su reunión de esta semana los debates para la elaboración de un documento base, a partir del cual, redactar en el segundo semestre de este año las propuestas de reglamento que deberán aprobarse durante 2012. Desde la actual Presidencia se pretende que los dirigentes den el visto bueno a un documento de conclusiones sobre la propuesta inicial de la Comisión. Sin embargo, existen muchas discrepancias entre los países miembros y, lo más probable, es que lo se apruebe sea solo un documento de conclusiones de la Presidencia. El informe para la reforma se podía calificar como una propuesta para avanzar en las exigencias y compromisos sobre biodiversidad, medio ambiente, sostenibilidad y, en definitiva, de una política verde, aunque, por el momento, lo que está verde es la misma PAC.
En España, tras el desarrollo de diferentes debates con las organizaciones agrarias y, sobre todo con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial, se ha llegado a la elaboración de una posición común. Aunque en la misma se marcan las líneas básicas, tampoco se puede considerar como definitiva.
¿Qué es lo que defiende el Gobierno como filosofía general de la futura PAC? La postura de Madrid contempla la necesidad de que se reconozca la diversidad del campo como un activo para garantizar el uso correcto de los recursos. Madrid se opone a una política de renacionalización de la PAC y defiende que todos los agricultores y ganaderos de la UE dispongan de las mismas armas en los mercados. La aplicación de ésta requiere importantes recursos financieros y, en este sentido, defiende un presupuesto fuerte en el marco financiero que habrá a partir de 2014 hasta 2020.
Como filosofía general, el Gabinete Zapatero aboga por el funcionamiento de los actuales dos pilares diferenciados en fondos y competencias. Uno, fuerte, prioritario para los intereses de agricultores y ganaderos, totalmente financiado con fondos comunitarios para el pago de ayudas directas y regulación de los mercados, y un segundo cimiento para desarrollo rural donde sería deseable no pedir excesivos esfuerzos a los Estados miembros.
Participación
España, segundo país perceptor de ayudas comunitarias solo por detrás de Francia y al nivel de Alemania, defiende que en el futuro los criterios que se apliquen para la distribución de los fondos deberían suponer el mantenimiento del nivel de participación en los mismos del sector agrario nacional en los presupuestos de la PAC, dadas las características de su agricultura.
Como se sabe, uno de los principales objetivos de la CE es la modificación de los criterios para la concesión de las subvenciones, sustituyendo los actuales derechos históricos de pago, por otros que contemplen unos más uniformes por territorio o cabeza de ganado.
A estas alturas de los debates, no hay una idea clara sobre lo que será ese nuevo sistema y lo que podría ser la extensión de las ayudas a sectores como todo el viñedo, las frutas y hortalizas o las cabañas de porcino o avicultura. Una idea que parece clara en todos los países miembros es que no haya recortes traumáticos a un país o a los actuales perceptores, en función de unos nuevos criterios de reparto.
España defiende que esa futura PAC conserve tres instrumentos básicos para el sector: los apoyos directos, la gestión de los mercados y el apoyo al desarrollo rural. El sector aspira a ser proveedor de alimentos y mantener el territorio. Para ello, considera que es indispensable estabilizar y reforzar los niveles de ingresos para que se mantenga la actividad en el campo junto a una simplificación de los mecanismos para la aplicación de la PAC.
Asimismo, la Administración nacional propugna un modelo de actividad agraria donde las ayudas directas, junto con una necesaria orientación de las producciones a los mercados aseguren el mantenimiento de una actividad rentable para los profesionales del sector con una actividad muy diversificada.
El sector agrario español recibe unas ayudas directas de unos 5.000 millones de euros de la PAC, junto a otras partidas para regulación de los mercados o desarrollo rural, apoyos que han sido, en ocasiones, criticados desde el resto de la sociedad.
Para el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero, el nuevo modelo que se pretende implantar podría legitimar más esa política ante esa sociedad por su papel en la producción de alimentos seguros y de calidad, la protección de los recursos naturales y el territorio y la venta de unos productos por debajo de sus precios reales de coste.
'Los activos'
La propuesta de reforma que se planteó incluía un nuevo concepto al señalar solo como perceptor de cada ayuda a los activos.
Posteriormente, y ya en los últimos meses, se extendió el concepto de beneficiario para quien desarrollara una agricultura activa. Hoy sigue sin haber a escala nacional o comunitaria una definición de quién se podría considerar como activo o agricultura activa, lo que podría suponer quitar ayudas a unos para dárselas a otros. En todo caso, la pretensión nacional es que esos procesos de cambios o la redistribución de los pagos se hagan con un período transitorio suficiente para evitar rupturas que pudieran afectar negativamente a los sectores del campo.
Frente a la actual volatilidad de los mercados, se defiende la existencia de instrumentos suficientes para la eficaz gestión de los mercados. Fijar precios de intervención hoy es un imposible, aunque sí pueden existir mecanismos para apoyar el desarrollo de unos precios suficientes.
Mientras, España apoya la mayor transparencia de la cadena alimentaria y la posibilidad de aplicar la futura política de contratos en el sector de la leche a otras producciones para garantizar unos ingresos a los productores. Finalmente, en el exterior, se apoya el desarrollo de un modelo más competitivo, pero a la vez, la necesidad de que las importaciones de terceros países cumplan las mismas exigencia en materia calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal o cuidado del medio ambiente que las exigidas en el marco comunitario. La propuesta de Madrid es atractiva. Pero las respuestas todavía están verdes.
En España, tras el desarrollo de diferentes debates con las organizaciones agrarias y, sobre todo con las comunidades autónomas en el marco de la conferencia sectorial, se ha llegado a la elaboración de una posición común. Aunque en la misma se marcan las líneas básicas, tampoco se puede considerar como definitiva.
¿Qué es lo que defiende el Gobierno como filosofía general de la futura PAC? La postura de Madrid contempla la necesidad de que se reconozca la diversidad del campo como un activo para garantizar el uso correcto de los recursos. Madrid se opone a una política de renacionalización de la PAC y defiende que todos los agricultores y ganaderos de la UE dispongan de las mismas armas en los mercados. La aplicación de ésta requiere importantes recursos financieros y, en este sentido, defiende un presupuesto fuerte en el marco financiero que habrá a partir de 2014 hasta 2020.
Como filosofía general, el Gabinete Zapatero aboga por el funcionamiento de los actuales dos pilares diferenciados en fondos y competencias. Uno, fuerte, prioritario para los intereses de agricultores y ganaderos, totalmente financiado con fondos comunitarios para el pago de ayudas directas y regulación de los mercados, y un segundo cimiento para desarrollo rural donde sería deseable no pedir excesivos esfuerzos a los Estados miembros.
Participación
España, segundo país perceptor de ayudas comunitarias solo por detrás de Francia y al nivel de Alemania, defiende que en el futuro los criterios que se apliquen para la distribución de los fondos deberían suponer el mantenimiento del nivel de participación en los mismos del sector agrario nacional en los presupuestos de la PAC, dadas las características de su agricultura.
Como se sabe, uno de los principales objetivos de la CE es la modificación de los criterios para la concesión de las subvenciones, sustituyendo los actuales derechos históricos de pago, por otros que contemplen unos más uniformes por territorio o cabeza de ganado.
A estas alturas de los debates, no hay una idea clara sobre lo que será ese nuevo sistema y lo que podría ser la extensión de las ayudas a sectores como todo el viñedo, las frutas y hortalizas o las cabañas de porcino o avicultura. Una idea que parece clara en todos los países miembros es que no haya recortes traumáticos a un país o a los actuales perceptores, en función de unos nuevos criterios de reparto.
España defiende que esa futura PAC conserve tres instrumentos básicos para el sector: los apoyos directos, la gestión de los mercados y el apoyo al desarrollo rural. El sector aspira a ser proveedor de alimentos y mantener el territorio. Para ello, considera que es indispensable estabilizar y reforzar los niveles de ingresos para que se mantenga la actividad en el campo junto a una simplificación de los mecanismos para la aplicación de la PAC.
Asimismo, la Administración nacional propugna un modelo de actividad agraria donde las ayudas directas, junto con una necesaria orientación de las producciones a los mercados aseguren el mantenimiento de una actividad rentable para los profesionales del sector con una actividad muy diversificada.
El sector agrario español recibe unas ayudas directas de unos 5.000 millones de euros de la PAC, junto a otras partidas para regulación de los mercados o desarrollo rural, apoyos que han sido, en ocasiones, criticados desde el resto de la sociedad.
Para el Ejecutivo presidido por Rodríguez Zapatero, el nuevo modelo que se pretende implantar podría legitimar más esa política ante esa sociedad por su papel en la producción de alimentos seguros y de calidad, la protección de los recursos naturales y el territorio y la venta de unos productos por debajo de sus precios reales de coste.
'Los activos'
La propuesta de reforma que se planteó incluía un nuevo concepto al señalar solo como perceptor de cada ayuda a los activos.
Posteriormente, y ya en los últimos meses, se extendió el concepto de beneficiario para quien desarrollara una agricultura activa. Hoy sigue sin haber a escala nacional o comunitaria una definición de quién se podría considerar como activo o agricultura activa, lo que podría suponer quitar ayudas a unos para dárselas a otros. En todo caso, la pretensión nacional es que esos procesos de cambios o la redistribución de los pagos se hagan con un período transitorio suficiente para evitar rupturas que pudieran afectar negativamente a los sectores del campo.
Frente a la actual volatilidad de los mercados, se defiende la existencia de instrumentos suficientes para la eficaz gestión de los mercados. Fijar precios de intervención hoy es un imposible, aunque sí pueden existir mecanismos para apoyar el desarrollo de unos precios suficientes.
Mientras, España apoya la mayor transparencia de la cadena alimentaria y la posibilidad de aplicar la futura política de contratos en el sector de la leche a otras producciones para garantizar unos ingresos a los productores. Finalmente, en el exterior, se apoya el desarrollo de un modelo más competitivo, pero a la vez, la necesidad de que las importaciones de terceros países cumplan las mismas exigencia en materia calidad, seguridad alimentaria, bienestar animal o cuidado del medio ambiente que las exigidas en el marco comunitario. La propuesta de Madrid es atractiva. Pero las respuestas todavía están verdes.
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