Está previsto que las negociaciones a tres bandas entre Parlamento, Comisión y Consejo europeos tengan lugar a a partir del 11 de abril
"Una política agraria más respetuosa con el medio ambiente, que garantice una distribución justa de las ayudas, respete las tradiciones de los países y refuerce el poder negociador de los agricultores". Estas son las prioridades del Parlamento Europeo para la reforma de la PAC, sobre la que este 13 de marzo se ha pronunciado el pleno, por primera vez con capacidad de decisión.
Las cuatro propuestas legislativas que integran la reforma de la PAC tratan los pagos directos a los agricultores, la organización común del mercado (OCM única), eldesarrollo rural y un reglamento horizontal sobre la financiación, gestión y seguimiento de la política agraria.
Es la primera vez que el Parlamento decide la nueva política agraria en pie de igualdad con el Consejo. Con el voto de hoy, los eurodiputados determinarán el mandato del PE en las negociaciones con el Consejo y la Comisión, que deberían empezar a principios de abril (la primera ronda de negociaciones está prevista el 11 de abril). El objetivo es llegar a un acuerdo en junio.
El presidente de la comisión de Agricultura del PE, Paolo de Castro (S&D, Italia), ha declarado que "hemos logrado el equilibrio entre la seguridad alimentaria y la protección medioambiental, de modo que la nueva política agraria de la UE pueda aportar más bienes públicos a los ciudadanos europeos. Pero también hemos conseguido una política menos burocrática y más justa para los agricultores, al tiempo que hemos reforzado su papel para hacer frente a las crisis. Esta será nuestra posición de cara a las negociaciones con los Estados miembros".
Distribución más justa de las ayudas
El mandato negociador sobre los pagos directos, elaborado por el socialista portugués Luis Manuel Capoulas Santos, propone flexibilizar el plazo para la "convergencia interna" de las ayudas (dentro de un Estado o en una región). Mientras que la propuesta de la Comisión defendía que a partir de 2019 todos los pagos tuviesen "un valor unitario uniforme", los eurodiputados apoyan que para entonces los pagos puedan desviarse hasta un 20 por ciento de la media. Esto es positivo para España, puesto que se respetan en mayor medida los llamados "derechos históricos", que explican las diferencias actuales en las ayudas.
Sin embargo, en los casos en que se reducen los pagos, el nivel de 2019 no podrá ser más de un 30 por ciento inferior al de 2014.
El Parlamento también propone que ningún agricultor europeo reciba menos de un 65 por ciento de ayudas de la media comunitaria. Esta "convergencia externa" beneficia especialmente a los agricultores de los países del este, puesto que el nivel de los pagos es más bajo.
Al vincular las ayudas a las hectáreas cultivadas, la propuesta de la Comisión obviaba una figura típica del campo español como es la del "ganadero sin tierras" (aquel que no es dueño de las tierras donde pasta). La Eurocámara se ha posicionado hoy a favor de minimizar el impacto de esta medida incrementando el nivel de los pagos asociados del 10 por ciento propuesto por la CE hasta el 15 por ciento.
Un "greening" más flexible
La Eurocámara apoya destinar el 30 por ciento de los sobre nacionales a pagos directos dirigidos a los agricultores que cumplan tres prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente: la rotación de cultivos, el mantenimiento de pastos permanentes y la creación de "áreas de interés ecológico" en al menos el 7 por ciento de la superficie agrícola. Sin embargo, aboga por flexibilizar y aplicar de forma más gradual estas medidas.
Por ejemplo, las explotaciones de menos de 10 hectáreas quedarían exentas de la obligación de rotar los cultivos, al igual que las plantaciones arbóreas permanentes, como los olivares o los frutales, y los cultivos acuáticos (ej. arroz en el Delta del Ebro).
Además, las plantaciones de entre 10 y 30 hectáreas podrán rotar dos cultivos y a partir de las 30 hectáreas se rotarán 3 cultivos. En líneas generales, la Comisión proponía imponer la rotación obligatoria de 3 cultivos a las plantaciones de al menos 3 hectáreas.
A diferencia de la propuesta de la Comisión, los arbustos también serían considerados pastos permanentes, lo cual es importante para los agricultores españoles.
Los eurodiputados también proponen flexibilizar las normas, de modo que el primer año de aplicación de la nueva PAC, las explotaciones de más de 10 hectáreas estén obligadas a dedicar un 3 por ciento (y no un 7 por ciento como proponía la CE) de las tierras a "áreas de interés ecológico".
A partir del 1 de enero de 2016, estas tendrían que abarcar el 5 por ciento de las tierras cultivables y la Comisión presentaría para marzo de 2017 un estudio sobre la viabilidad de incrementar este índice hasta el 7 por ciento.
Techo de las ayudas
Una mayoría de eurodiputados ha respaldado la propuesta de la CE de fijar un techo máximo de 300.000 euros al año para las ayudas directas que recibe cada explotación. Los grupos S&D y Verdes habían presentado varias enmiendas para reducir este límite, pero fueron rechazadas.
La Eurocámara defiende que el límite de las ayudas no se aplique a las cooperativas y no penalice los costes del empleo.
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