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José Antonio Bermejo, Begoña Nieto y José Manuel de Las Heras, antes de participar en un acto organizado por UCCL. / Ical
Las organizaciones agrarias profesionales de la Comunidad (Opas) arremetieron contra el reparto acordado en la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agriculturade los fondos de la Política Agraria Comunitaria (PAC), al entender que se consolida la figura del 'cazaprimas' que no genera actividad en el sector pese a ser perceptor de buena parte del dinero. A su juicio, esta situación se produce en detrimento del agricultor activo que realmente trabaja la tierra, habitando en el medio rural y sufriendo sus problemas. Una visión que dista mucho de la que ofrecen Junta y Gobierno que califican de «equilibrado» el reparto y consideran «un paso histórico» la inclusión del agricultor activo.
En este sentido, el secretario general de UPA en Castilla y León, Julio López, y su homólogo en Coag, Aurelio Pérez, consideraron que se había perdido «una gran oportunidad» para acabar con el «agricultor de sofá», tal y como definió en su día el comisario de Agricultura Dacian Ciolos, mientras se sigue apoyando a los «especuladores» que son propietarios de muchos terrenos pero no profesionales agrarios, matizó López.
Pérez añadió que lo que se ha propiciado en el acuerdo final de ayudas de la PAC es el «status quo de la nobleza» de los perceptores mayoritarios de antes, aludiendo a «terratenientes y algún notario de la villa», perjudicando por ello al modelo social agrario «que trabaja realmente sus explotaciones generando renta y actividad procedente del campo». Para el dirigente de Coag, en el Ministerio de Agricultura el acuerdo alcanzado es «sólo político», con el fin de lograr que «cada consejero regresase a su comunidad con el cheque y pudiera vender que no se han perdido ayudas europeas».
Decepcionado. El coordinador autonómico de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, aseguró que el sector está «decepcionado» con la definición de esta figura ya que a su juicio se «seguirá dando ayuda a gente que no hace nada», lo que a su juicio tiene un efecto sobre la economía de Castilla y León, debido al peso que tiene el sector primario.
Una visión diferente tienen Gobierno y Junta. La directora general de Desarrollo Rural yPolítica Forestal del Ministerio, Begoña Nieto, remarcó que por primera vez se han establecido criterios que impedirán a las personas que no desarrollan la actividad agraria recibir subvenciones. Por ello, a diferencia de lo denunciado por organizaciones como UCCL, señaló que se han introducido medidas para que los fondos se destinen a los productores en activo, figura a la que ha contribuido Castilla y León con su impulso.
Por su parte, el director general de Política Agraria Comunitaria, Juan Pedro Medina, remarcó que en general los agricultores y ganaderos de la Comunidad cobrarán con el nuevo reparto un importe similar de ayudas.
Por último, el consejero de La Presidencia y portavoz, José Antino de Santiago-Juárez, incidió en que los agricultores de la Comunidad recibirán 7.430 millones hasta 2020 gracias a la «buena negociación» de la consejera del ramo, Silvia Clemente, que «en el último minuto» arañó 15 millones para llegar a los 923 en ayudas directas al año.
Reunión.- El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez avanzó ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que la titular de Agricultura y Ganadería se reunirá la próxima semana con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias para explicar los detalles de este reparto, que para el Ejecutivo autonómico indica que «se ha negociado bien».
Precisamente, Silvia Clemente llevó a la reunión de la Conferencia Sectorial de Agriculturay Desarrollo Rural que se celebró en Madrid el lunes y martes de esta semana una posición de comunidad acordada con los representantes del sector y de los grupos políticos de las Cortes.
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