26.11.10 - 00:20 - JUAN QUINTANA
El pasado miércoles escuché una interesante tertulia entre los cuatro responsables de organizaciones profesionales agrarias en Castilla y León (Asaja, COAG, UCCL y UPA). Fue en el programa El Campo en Punto Radio, dirigido por Sonia Andrino. Se pudo refrendar que el agro de esta región es muy diverso, por lo que buena parte de los intereses no siempre concuerdan y la percepción de las políticas acometidas desde los diferentes estamentos, es poco coincidente.
Sin entrar en los múltiples matices expuestos por cada uno de ellos, es interesante resaltar su diferente, e incluso, contrapuesta valoración sobre la propuesta de la futura Política Agraria Común (PAC) realizada por la Comisión Europea. También el enfoque cambiaba cuando analizaban la entrada y reestructuración del nuevo equipo agrario del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM). La tercera cuestión en la que tampoco hubo opinión unánime es la valoración que un año después se realiza del impacto del paro y manifestación de todo el sector agrario español. Yo me quedo con la valoración de Julio López, secretario general de UPA Castilla y León, que por un lado reconocía el cumplimiento de los compromisos ministeriales, orientados a apoyos para la refinanciación de deuda y mejoras en la nueva, aunque también recordaba que son ineficaces si a corto plazo no se consigue hacer rentables las explotaciones, algo que con los precios actuales no es viable. Hay consenso en un punto, en la necesidad de reducir los diferenciales de precio origen-destino, presionando al alza los precios en origen. El objetivo común es cubrir los costes de producción. Un objetivo de mínimos, salvo que en estos costes se imputen las retribuciones brutas del empresario agrario, incluidos todos los costes sociales, así como un mínimo beneficio que permita afrontar las contingencias no previstas y los riesgos que comporta cualquier actividad profesional por cuenta propia.
Quien consiga poner el cascabel a este gato, más allá de las continuas promesas que se realizan desde los estamentos públicos, habrá alcanzado el fin común de todo el sector. El problema, es que para ello hay que asumir decisiones políticas y bregar entre ministerios para conseguir que los acuerdos interprofesionales y la fijación de intervalos de precios mínimos de referencia, no sean vistos como una conculcación de las normas de la competencia, sino como una herramienta de estabilidad en un sector estratégico. Mientras esto no se consiga, la presión del mercado seguirá siendo soportada por el primer escalón. Conseguir averiguar dónde se quedan los mayores beneficios de la cadena solo servirá para tirarse más de los pelos o, en el mejor de los casos, como herramienta de concienciación, algo insuficiente.
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