Desde el comité de empresa de Azucarera el Presidente Francisco Fernández muestra una posición clara apostando por el futuro de este cultivo. Desde la sección sindical piden que la Junta de Castilla y León pague los tres euros por tonelada a los agricultores, asegurando que «es la Junta la que se comprometió a aportar esta ayuda, que ahora, no tiene que financiar la industria azucarera».
La principal preocupación para el Comité de Empresa es el descenso de un 30% de las contrataciones para la próxima campaña de otoño, ya que si la Junta no inicia las ayudas, «los agricultores saben que contarán con tres euros menos por cada tonelada de remolacha, un coste que tendrían que asumir, lo que gravaría la situación actual».
Acusan, sobretodo, a la consejera de Agricultura, Silvia Clemente del incumplimiento del plan de ayudas, y aseguran que reclamarán su cumplimiento, «llegando hasta donde sea necesario», como por ejemplo al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, idea planteada ya por UPA y COAG.
Por su parte, la Unión de Campesinos de Castilla y León UCCL, denuncia la «falta de responsabilidad de Silvia Clemente al incumplir el acuerdo del 2008». Aseguran a su vez que la consejera «abandona a su suerte a los cultivadores de la región» al anular la ayuda de tres euros por tonelada que se había comprometido a pagar en la PAC de 2011 y 2012 (casi 20 millones de euros en su conjunto).
Con la supresión de esta ayuda se da, en opinión de la Unión de Campesinos, «un golpe mortal a uno de los sectores más dinámicos y activos de la región, acabando con décadas de trabajo de los profesionales dedicados a esta actividad».
