lunes, 8 de julio de 2013
Con la negociación de la reforma de la PAC se han cosneguido ayudas para modernizar los regadíos según la Consejera de CLM
La consejera de Agricultura del Gobierno regional, María Luisa Soriano, ha destacado que gracias a la modificación del texto de la reforma de la PAC "vamos a recibir ayudas europeas para la modernización del regadío con horizonte 2020", incidiendo en que si no se hubiera cambiado el reglamento inicial, "no habríamos tenido en los próximos siete años ayudas para el regadío".
viernes, 5 de julio de 2013
Los europarlamentarios mejoran la propuesta de la Comisión sobre las inspecciones periódicas de tractores según los agricultores británicos
5/7/2013
El Pleno del Parlamento Europeo se ha posicionado esta semana sobre la norma que regula las inspecciones técnicas de vehículos, con el fin de mejorar la seguridad en las carreteras.
Los europarlamentarios han apoyado que los remolques que pesen menos de dos toneladas deberían estar exentos de estas inspecciones. Además, están a favor de que solo los tractores usados principalmente en carreteras públicas estén sometidos a estas revisiones periódicas. La organización agraria británica NFU ha apoyado esta posición del PE.
Por el contrario, la propuesta de la Comisión está a favor de que todos los tractores con velocidad superior a 40 km/h y los remolques de más de 750 kg debieran someterse a las inspecciones técnicas de vehículos.
Estas categorías de vehículos están, en la actualidad, excluidas del sistema común, por lo que sus inspecciones son competencia de los Estados miembros. En España, los tractores tienen que pasar la ITV a partir de los 8 años, realizando inspecciones bianuales entres los 8 y 16 años y anuales cuando superen los 16 años.
Las enmiendas aprobadas por el Parlamento a la propuesta de la Comisión han sentado las bases para la negociación con el Consejo, con el objetivo de llegar a un acuerdo en primera lectura.
Castilla y León es la región de la UE con el mayor índice de uso de semilla pirata según GESLIVE quien hace un llamamiento al entendimiento por parte de la Alianza UPA-COAG
5/7/2013
Nota de GESLIVE
Desde la agrupación GESLIVE (Gestión de Licencias Vegetales) se hace un llamamiento a la calma y al entendimiento por parte de la Alianza UPA-COAG, en su intento de desacreditación de la labor lícita de esta entidad a la hora de velar por los derechos de propiedad industrial sobre las variedades vegetales de cereal que gozan de protección.
El sector obtentor realiza un gran esfuerzo económico para la investigación y desarrollo de nuevas variedades de cereal, más productivas, cada vez mejor adaptadas a las condiciones agroclimáticas locales y con mayor resistencia a
enfermedades, lo que incide positivamente en los resultados de la explotación del agricultor, y en el aumento de sus beneficios.
Estas ventajas son las que llevan a los agricultores a utilizar mayoritariamente semillas de variedades protegidas. De todas formas, hay que señalar que existen en el mercado semillas de muchas variedades libres cuyo uso y reempleo en las explotaciones agrícolas no conlleva limitaciones ni contribución económica alguna.
Para poner en el mercado cada nueva variedad, más resistente, mejor adaptada y más productiva, son necesarios miles de cruzamientos y más de 10 años de desarrollo, lo que eleva el coste de los programas de investigación a varios millones de euros anuales. La protección de estas nuevas variedades y la contribución por parte del agricultor es la única forma posible para que el sector obtentor pueda seguir aportando nuevas variedades que cada año mejoren las cosechas tanto en cantidad como en calidad, haciéndolas a la vez más sostenibles.
Castilla y León es la región de Europa que mayor superficie dedica a cultivos herbáceos, y a la vez es la zona donde el uso de semilla certificada y el reempleo legal de grano por los agricultores tienen los índices más bajos. Por desgracia, la existencia de un gran mercado clandestino tiene como resultado un uso generalizado de de semilla pirata de variedades protegidas por parte de los agricultores de esta región.
Desde GESLIVE hacemos un llamamiento tanto a las Administraciones regionales como a los productores y los agricultores cerealistas a respetar tanto la normativa sobre producción y comercio de semilla certificada como la relativa al reempleo de grano de variedades protegidas.
La legislación europea y española establece con claridad el derecho de los agricultores a reemplear como semilla en sus explotaciones el grano obtenido de la cosecha anterior, aunque se trate de variedades protegidas. Como contrapartida, cuando la variedad reempleada es protegida, los agricultores están legalmente obligados a informar al obtentor y a abonarle una retribución económica, cuyo coste medio asciende a 2 euros por hectárea (el pago de dos cafés). Se trata de una contribución modesta considerando el beneficio obtenido por el agricultor gracias a
la nueva variedad, y cuyo importe en España es de lejos el más bajo de toda la UE.
Los pequeños agricultores, así como todos aquellos que hacen uso de variedades libres, están exentos del pago de retribución alguna, siempre que se acrediten estas circunstancias. La falsedad en la declaración de cualquiera de ellas
puede constituir una grave infracción, tal y como resulta del ordenamiento jurídico vigente.
El uso generalizado de semilla pirata en cereal, así como la negativa de los agricultores a aportar su contribución por el reempleo de variedades protegidas, amenazan seriamente la sostenibilidad económica de los programas de I+D, lo que puede tener serias consecuencias a medio plazo para los agricultores, al impedir el desarrollo de nuevas variedades, con las consiguientes pérdidas en cantidad y la calidad de las cosechas, y por tanto en los beneficios económicos de las explotaciones agrarias.
jueves, 4 de julio de 2013
CyL propondrá cotizar a la Seguridad Social agraria para acceder a ayudas
Castilla y León propondrá al Ministerio de Agricultura que para ser considerado agricultor activo se tenga que cotizar a la Seguridad Social en la rama agraria, entre otros condicionantes.
Esta es una de las propuestas planteadas en la reunión celebrada hoy en Valladolid del Consejo Regional Agrario, que ha analizado la repercusión en esta Comunidad del acuerdo alcanzado en la Unión Europea (UE) sobre la nueva Política Agrícola Común (PAC).
Las solicitudes presentadas este año de ayudas de la PAC en Castilla y León han sido 93.622, mientras que los cotizantes de la Seguridad Social por actividad agraria son menos de la mitad.
La consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha calificado de "trascendental" que el Ministerio defina quién es agricultor activo, una vez que la UE ha dejado este margen a los Estados miembros.
A su juicio, esta definición debe incluir "a quien de verdad ejerza la actividad agraria", mediante criterios que "lo marquen de manera clara", como que la cotización a la Seguridad Social, los impuestos que se pagan o las principales rentas que se obtienen se centren en la agricultura o ganadería, ha subrayado al respecto.
Silvia Clemente, en rueda de prensa tras reunirse con las organizaciones agrarias en el Consejo Regional, ha augurado que las negociaciones con el Ministerio serán "complicadas", pero "no tiene que haber ninguna dificultad" derivada que la polémica que mantiene con Castilla y León por el pago de fondos de desarrollo rural.
Clemente ha advertido que la negociación "será larga", ya que se prevé que comience el 24 o 25 de julio y no termine hasta principios de 2014.
Asimismo, ha considerado que "en lo esencial" las organizaciones agrarias de la Comunidad mantienen con la Junta de Castilla y León "un criterio uniforme" sobre la nueva PAC para el periodo 2014-2020.
No obstante, ha indicado que "habrá detalles y matices" antes de alcanzar "una postura común en lo básico" que trasladar al Gobierno.
La Junta enviará un cuestionario a ASAJA, UCCL y la Alianza UPA-COAG para que se pronuncien antes del próximo 11 de julio, ya que el Ministerio también tiene previsto enviar otro a la Comunidad el 9 de este mes.
La consejera ha apuntado que la Junta no ha cerrado un mapa de comarcas agronómicas a efectos del reparto de ayudas, puesto que aún no ha fijado el Ministerio los criterios, pero tiene claras las diferencias entre zonas de secano, regadío o en ganadería.
Otra de las demandas al Gobierno será que se aprovechen "todas las herramientas" en apoyo del vacuno de leche, para el que en 2015 se acabarán las cuotas de producción, y que la remolacha, que solo tendrán sus cupos hasta 2017, se incluya en ayudas acopladas para que sus cultivadores no pierdan apoyos.
Asimismo, Castilla y León reclamará que estas ayudas sean prioritarias también para ovino y para cebo intensivo, en el reparto del 13 por ciento de pagos conocidos como "cheque nacional".
La Comunidad planteará también que en el 2 por ciento de pagos directos que Bruselas deja en manos de cada Estado en España se destinen más fondos para los jóvenes que se instalen en el campo.
En este apartado, a los 95 millones de euros que se reciben con la actual PAC se sumarían otros 100 en el nuevo periodo y Castilla y León representa el 25 por ciento del total de jóvenes que comienzan la actividad agraria.
Clemente ha recordado que esta Comunidad aspira con la nueva PAC ha mantener su "estatus" de ayudas, que representan cerca de 1.150 millones de euros anuales.
efe
El sector agrario de Castilla y León analiza la reforma de la PAC y busca un Acuerdo de Comunidad sobre su aplicación en España
3/7/2013
Nota de la Junta de Castilla y Léon
La Consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, ha presidido la reunión del Consejo Regional Agrario en el que están representadas las organizaciones profesionales agrarias. En el encuentro se ha analizado el acuerdo político alcanzado entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre la reforma de la Política Agraria Comunitaria 2014-2020
El gobierno de Castilla y León, como ha explicado la Consejera, valora de forma positiva que se haya llegado, en el tiempo previsto, a un acuerdo político sobre la reforma de la PAC lo que supondrá para el sector contar con un marco estable en cuanto a su financiación hasta al menos 2020.
El acuerdo que se alcanzó la semana pasada otorga un amplio margen de flexibilidad para la aplicación de la PAC en los distintos Estados miembros y por ello, a partir de ahora, se iniciará un proceso de trabajo técnico entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio, para ir diseñando y acordando el modelo de aplicación de la reforma en España, dentro de los márgenes que para ello dan los propios Reglamentos. La Junta de Castilla y León, tal y como ha explicado la Consejera, ha mostrado su total disposición a aportar la visión del sector agrario de Castilla y León en cuanto a la reforma y a que las peculiaridades de la agricultura y la ganadería de esta Comunidad sean tenidas en cuenta en esas negociaciones.
Para ello, desde el Gobierno regional se está trabajando, en estrecha colaboración con el sector, en adaptar el acuerdo de Comunidad alcanzado con las OPAS y con la Unión Regional de Cooperativas sobre la reforma de la PAC. Un texto entregado por el Presidente Herrera al Comisario de Agricultura, Dacian Ciolos, en su visita a la Comunidad en abril de 2011. Este documento se está adaptando y revisando para que siga reflejando una postura común que defienda, en el proceso de aplicación de la PAC, los intereses de los cerca de 100.000 perceptores de ayudas directas, de los consumidores y en definitiva de todos los agentes implicados con el sector agrario y agroindustrial de la Comunidad, en la inmediata negociación interna de la aplicación en España de la nueva Reforma.
Para esa revisión y actualización del documento se ha solicitado a las Organizaciones Profesionales Agrarias, en la reunión de esta mañana del Consejo Regional Agrario, que den su opinión, antes del próximo 11 de julio, sobre diversos asuntos de la reforma como:
• El modelo de aplicación de los pagos directos
• La convergencia interna en el pago base.
• Limitación de la superficie admisible
• El concepto de Agricultor activo/Actividad agraria
• Apoyo a los jóvenes agricultores en el primer Pilar
• Limitación de ayudas por explotación o capping
• Aplicación del Greening-medidas equivalentes
• Los pagos asociados
Este acuerdo con las Organizaciones Profesionales Agrarias se suma al alcanzado, el pasado 8 de mayo, entre el Gobierno Regional y los grupos parlamentarios con representación en las Cortes, PP, PSOE y Grupo Mixto. Un acuerdo político para defender los intereses del sector agrario de Castilla y León en la reforma de la PAC y que fue trasladado por la consejera de Agricultura y Ganadería, Silvia Clemente, a los Europarlamentarios y Ponentes del Reglamento de Pagos Directos y Desarrollo Rural y del Reglamento de la OCM única, Luis Capoulas y Michel Dantin.
Modelo de aplicación de los Pagos directos
Sobre el modelo de pagos directos acordado por la Unión Europea, Castilla y León es partidaria de la aplicación de un modelo nacional, siempre que garantice las singularidades y sectores productivos de la Comunidad y que mantenga la viabilidad de todos los cultivos y sectores ganaderos y no se produzcan trasvases ni entre territorios ni entre sectores. La consejera ha recordado que el punto de partida irrenunciable es que el modelo mantenga la asignación presupuestaria que ha tenido Castilla y León en los últimos años, tanto en ayudas directas del primer pilar como en ayudas correspondientes al desarrollo rural del segundo pilar de la PAC, lo que supone una media de 1.150 millones de euros anuales.
Convergencia interna
El acuerdo alcanzado en cuanto a la convergencia interna de los pagos, contempla una mayor flexibilidad y ya no exige que se llegue a un valor uniforme de los pagos dentro de cada región o estado, limitando su alcance al 60% del valor medio
A este respecto, los textos de la reforma contienen la posibilidad de delimitar diferentes regiones o comarcas agronómicas, dentro de las cuales se podrán establecer, en principio, cuatro grandes grupos o tipos de explotación: cultivos de secano, cultivos de regadío, pastos y cultivos permanentes (olivar, viñedo).
En el caso de España, el Gobierno Regional considera que es necesario definir de forma adecuada el concepto de regiones o comarcas agronómicas, con un nivel de flexibilidad adecuado para limitar el trasvase de fondos entre sectores y territorios. Además la Comunidad considera que sería beneficioso analizar una aplicación progresiva a lo largo de cinco años, con un porcentaje fijo de los pagos en el primer año de aplicación lo más bajo posible.
Limitación de la superficie admisible
En cuanto a la limitación de la superficie admisible para percibir ayudas directas por Estado Miembro, se han introducido mecanismos que permiten limitar en España la superficie elegible, en torno a un cifra cercana veintidós millones de hectáreas, tal y como se venía reclamando desde el Gobierno Central y Regional.
Castilla y León considera que en el territorio nacional se debería establecer algún condicionante adicional, de manera que pueda garantizarse que las hectáreas admisibles sean tierras destinadas de manera efectiva a cultivos y, en el caso de los pastos, que lleven unido a su mantenimiento el aprovechamiento por el ganado o, en su caso, se aprovechen mediante siega.
Concepto de agricultor activo
Según el acuerdo alcanzado, el Reglamento no contendrá una definición o delimitación positiva del perceptor de las ayudas, sino que se limitará a establecer una lista negativa de figuras que no podrán ser beneficiarias de los pagos, y deja cierta flexibilidad a los Estados Miembros para poder ampliar la lista incluyendo a personas que no alcancen un mínimo de actividad agraria.
Para el Gobierno regional, como ha explicado la consejera, se debería aprovechar en España esa flexibilidad que en principio permite la redacción de la propuesta de Reglamento en cuanto a la definición de actividad agraria y también de agricultor activo. Se debería, como ha afirmado Silvia Clemente, concretar los requisitos para considerar una actividad agraria significativa y también para excluir del régimen a aquellas personas que no alcancen ciertas condiciones. Entre estos requisitos, la Consejera ha lanzado la propuesta de que para resultar beneficiario de estas ayudas directas se deba cotizar a la Seguridad Social por la actividad agraria.
Ayuda a jóvenes y limitación por explotación
La consejera también ha mostrado su satisfacción porque, por primera vez, se instaura una ayuda directa a los jóvenes agricultores en el reglamento de pagos directos. El acuerdo propone reservar hasta un 2% del límite financiero asignado a cada estado miembro en concepto de ayudas directas, lo que para España representará alrededor de 100 millones de euros anuales para los jóvenes, lo que supondrá aumentar el apoyo a los mismos. Además, ha indicado que el límite de superficie por la que un agricultor joven pueda percibir este nuevo pago asociado debería ser el máximo que permite la propuesta de Reglamento.
En cuanto a la limitación de ayudas por explotación o capping, la Consejera se ha mostrado contraria a establecer ningún límite, resaltando que en todo caso deben respetarse las explotaciones asociativas y formas jurídicas que mantienen cierto nivel de empleo en la explotación.
Greening
Otro de los aspectos incluidos en la reforma de la PAC y a los que se ha referido la consejera es el "componente verde" o "greening". Desde Castilla y León siempre se ha defendido la mayor flexibilización posible del greening respecto a la propuesta inicial de la Comisión y, además, que los nuevos condicionantes medioambientales que se establecieran fueran ser sencillos de aplicar y cumplir, sin restar competitividad a las explotaciones agrarias.
En este sentido, la Consejera ha valorado los avances conseguidos respecto de la primera propuesta de la Comisión, considerando que uno de los elementos que mayor trascendencia tiene en el nuevo acuerdo alcanzado es el hecho de que los importes de el pago por reverdecimiento se vinculan como un porcentaje adicional al pago base de cada agricultor y no de manera uniforme a nivel nacional, lo que sin duda también flexibiliza el concepto de convergencia interna.
Pagos asociados
El acuerdo alcanzado por los Estados miembros de la Unión establece la posibilidad de que España pueda destinar hasta un 13% de su límite financiero a pagos asociados. Una situación que, para el Gobierno Regional, permitirá mantener el status actual. Desde Castilla y León además se aboga por utilizar el límite máximo y por incluir en estas ayudas de forma prioritaria a la ganadería sin base territorial comprendiendo sectores como el Ovino–caprino, el vacuno de leche e incluso el vacuno de cebo, y también algunos sectores agrícolas con un fuerte componente social y generadores de empleo como es el caso de la remolacha o incluso el sector de los forrajes desecados.
Como novedad, la Consejera también destacó que en el texto final acordado en relación con los pagos asociados, se permite a los Estados utilizar un 2% adicional para el apoyo a los cultivos proteicos (Vezas, Alfalfas, Garbanzos, Lentejas, Guisantes), una medida con la que se pretende corregir el déficit estructural de proteína vegetal y la alta dependencia de las importaciones de soja en Europa. La Consejera ha señalado que es un aspecto positivo ya que estos cultivos están tradicionalmente muy implantados en Castilla y León.
Desarrollo Rural
En el ámbito del Desarrollo Rural, el acuerdo alcanzado sobre la reforma de los Reglamentos permite finalmente la coexistencia de programas nacionales y regionales de desarrollo rural. Una posibilidad que la Comisión no reconocía inicialmente y que se venía reclamando desde el Gobierno Central y el Regional.
Desde Castilla y León se considera positivo que el modelo permita la coexistencia de ambos programas. La consejera ha recordado que es necesario concretar las líneas que serán prioritarias para el próximo PDR, definir su contenido y objetivos, y asegurar su financiación. Para el Gobierno regional son prioritarias las medidas dirigidas al relevo generacional y modernización de explotaciones, las líneas que permitan un incremento del valor añadido, las inversiones en la modernización y nuevos regadíos, el apoyo a las prácticas agroambientales y el apoyo a la investigación aplicada.
Medidas de mercado - OCM
El acuerdo alcanzado abre nuevas oportunidades, según la Consejera, para avanzar en la búsqueda de mecanismos en el ámbito de funcionamiento de los mercados, que garanticen una adecuada respuesta a las situaciones cada vez más frecuentes e impredecibles que han de producirse en la evolución de los precios y la disponibilidad de materias primas. El Gobierno Regional considera imprescindible conjugar el margen de maniobra de la nueva propuesta de reglamento sobre la OCM, con las diferentes iniciativas legislativas de carácter nacional (Ley del cadena de Valor y Ley de la concentración de la oferta) o autonómico, como la próxima Ley Agraria de Castilla y León.
La consejera de Agricultura y Ganadería ha recordado que esta es una cuestión de enorme importancia, el mantenimiento de las rentas del sector agrario no se puede encontrar solamente en las ayudas públicas sino también en la mejora de los ingresos procedentes de la venta de sus producciones y con especial referencia a los costes de producción. Por ello, se está trabajando en este tema ya que, como ha destacado la consejera, no se debe olvidar que la mayor parte de la renta de los agricultores procede del mercado.
El acuerdo además ha conseguido prolongar hasta el 2017 el régimen actual de las cuotas en el sector azucarero y salvaguardar los derechos de plantación de viñedo hasta 2030, lo que permitirá seguir desarrollando una política de calidad en la producción de vino de Castilla y León.
Los productores de patata de la UE no podrán exportar a Rusia tras tres meses de negociaciones fallidas
3/7/2013
Nota de FEPEX
La prohibición de importar patata procedente de la UE por parte de Rusia entró en vigor, ayer 1 de julio, después de tres meses de negociación de la Comisión Europea con las autoridades rusas para evitarlo. Rusia anunció un embargo sobre las importaciones de patata de la UE el 1 de abril de este año, alegando incumplimiento de las normas fitosanitarias rusas, embargo que no entró en vigor porque la Comisión Europea programó varias reuniones con las autoridades de Rusia para evitar la suspensión de exportaciones comunitarias a este país. En la última de estas reuniones, el jueves 27 de junio, Rusia confirmó su decisión y la prohibición de importar patata, tanto de consumo como de siembra, procedente de la UE se ha oficializado desde ayer 1 de julio.
Las exportaciones comunitarias de patata a Rusia en 2012 se situaron en 180.329 toneladas, según datos de Eurostat, procesados por FEPEX. De esta cantidad, 136.565 toneladas correspondieron a patata de consumo y 43.763 toneladas a patata de siembra.
El principal país exportador de patata de consumo de la UE a Rusia es Países Bajos con 59.948 toneladas en 2012 y el segundo es Alemania con 22.908 toneladas. La exportación española de patata de consumo a Rusia en 2012 sólo fue de 57 toneladas distribuidas en los meses de mayo y junio.
En cuanto a la patata de siembra, el principal país exportador de la UE a Rusia es Reino Unido con 21.983 toneladas, seguido de Países Bajos con 13.292 toneladas. España no exportó patata de siembra a Rusia.
En cuanto a producción, Alemania es el principal país productor de la UE con 10,6 millones de toneladas en 2012, seguida de Holanda y Francia con 6,6 millones de toneladas respectivamente. El cuarto productor de patata de la UE es Reino Unido con 5,2 millones de toneladas y España ocupa el quinto lugar con 2,1 millones de toneladas. En total la producción comunitaria de patata en 2012 ascendió a 53,8 millones de toneladas, según datos de Eurostat.
Para FEPEX, la entrada en vigor de la prohibición de importar patata comunitaria basándose en razones fitosanitarias pone en evidencia cómo los países no comunitarios utilizan las cuestiones fitosanitarias como barreras no arancelarias. Pone en evidencia también la debilidad de la Comisión Europea en las negociaciones comerciales con otros países
3/7/2013
Nota de BASF y de Limagrain
Limagrain Europe y BASF participan en el contrato de licencia sobre el producto para girasol Clearfield Plus®
Limagrain Europe y BASF han anunciado la firma de un contrato global sin exclusividad por el que BASF concederá su licencia del Clearfield® Plus para la tolerancia a herbicidas en girasoles a Limagrain Europe en Europa. El contrato permite a Limagrain Europe a desarrollar variedades de semillas para su comercialización en Europa que sean tolerantes a los herbicidas BASF Clearfield Plus.
El Sistema de Producción Clearfield Plus para girasoles, desarrollado de acuerdo al cultivo de plantas tradicional, ofrece un mejor control de maleza durante toda la temporada y una mayor tolerancia de los cultivos en climas adversos así como un mayor contenido de aceite y rendimiento potencial de grano.
Joël Bosson, director de Limagrain Europe, declaró: "El girasol es un cultivo estratégico para nuestra compañía. Por ello nos complace especialmente fortalecer nuestra asociación con BASF, que nos proporciona acceso a esta nueva tecnología innovadora de Clearfield Plus. Esto nos ayudará a maximizar el valor añadido que los granjeros pueden obtener de nuestra variedad de girasol LG de primera en Europa".
"La combinación de los mejores herbicidas en su clase Clearfiled Plus de BASF con las semillas de alto rendimiento de Limagrain Europa le darán a los productores de girasol en Europa nuevas opciones para maximizar su rendimiento", señala Eckart Stein, Vicepresidente de Gestión de Marketing en Europa para BASF Crop Protection.
Los híbridos para girasol Clearfield Plus de Limagran Europe y los herbicidas Clearfiel Plus de BASF estarán disponibles en algunos países productores de girasol en Europa a principios del 2014.
Los términos financieros del contrato no se han revelado.
Acerca de Limagrain Europe
Limagrain Europe cultiva, produce y vende semillas para el campo a los granjeros (maíz, girasol, colza oleaginosa, trigo, cebada...). Las inversiones en investigación y la cantidad de cultivo representan el 14 % del volumen de negocios del Grupo. Sus productos se venden en 50 países a través de sus 20 filiales y muchos distribuidores. Las marcas son: LG, Advanta® y Nickerson. Líder europeo en trigo y empresa líder en girasol y cebada, la marca LG es también la número uno en forraje de maíz para la nutrición de animales. Limagrain Europa es una Unidad de Negocio de Limagrain, grupo cooperativo agrícola internacional, especializado en semillas para el campo y productos de cereal. Fundada y administrada por granjeros franceses, el grupo es la compañía productora de semillas más grande en Europa y la cuarta en el mundo. Para más Información: www.limagrain-europe.com o síganos en Facebook y YouTube.
Advanta es una marca registrada de Advanta Netherlands Holdings BV.
Acerca de la división de Protección de Cultivos de BASF
Con ventas de alrededor de 4.700 millones de euros en 2012, la división de Protección de Cultivos de BASF proporciona soluciones innovadoras para la protección de cultivos, céspedes y plantas ornamentales, control de plagas y salud pública. Esta variedad también incluye tecnologías para el tratamiento de semillas y control biológico así como soluciones para la administración de riego, nutrientes y problemas de las plantas. La división de Protección de Cultivos de BASF es un líder innovador que ayuda a los productores a optimizar la producción agrícola, mejorar la eficiencia de su negocio y mejorar la calidad de vida de la población mundial en crecimiento. Para más información entre al sitio web www.agro.basf.com o síganos en nuestros enlaces de redes sociales.
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