Bruselas condiciona los pagos a un mayor compromiso medioambiental del productor · Aboga por un tope en la cuantía de la subvención · Plantea abonar un plus para las explotaciones que creen empleo
Tomás Monago / SEVILLA | Actualizado 19.11.2010 - 05:02
Ya se empieza a saber algo, poco, sobre qué será de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2013. De momento, no hay nada concreto sobre su repercusión económica, sólo especulaciones, pero sí pinceladas sobre las líneas maestras. Ayer, el comisario europeo del ramo, el rumano Dacian Solos, presentó en el Parlamento Europeo la comunicación sobre la PAC en el horizonte de 2020, la primera toma de postura de la Comisión Europea.
Lo primero, una declaración de principios: el apoyo público se mantendrá, ya que en caso contrario, dice la Comisión, gran parte del territorio europeo se vería abocado a la marginación y el abandono, con consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Pero ese respaldo al agricultor debe justificarse ante la opinión pública. ¿Por qué subvencionar la actividad agraria? Básicamente, porque ofrece suministro alimentario de calidad en condiciones seguras, previene el deterioro del paisaje, lucha contra el cambio climático y contribuye a fijar la población rural.
Lo que plantea Bruselas es sustituir el pago único actual -sistema establecido para el grueso de las ayudas y basado en derechos históricos- por una renta fijada con otros criterios, más tangibles. Sería por tramos. El primero sería "uniforme" para todos y atendería a la superficie y lo que se conoce por condicionalidad, es decir, las buenas prácticas agrícolas.
Podría entenderse la expresión "uniforme" como la aceptación de la propuesta de la Presidencia española de ofrecer una tarifa plana de cien euros, lo que hubiera significado que los agricultores andaluces habrían dejado de percibir mil millones al año. Pero la Comisión admite que los productores "se enfrentan a condiciones económicas y naturales muy diferentes", y habla más de equidad que de igualdad. Se trata, más que de valorar a todos igual, de no discriminar a nadie. En su nota de prensa, la Comisión propone como opción "un pago básico de apoyo a la renta que podría adoptar la forma de un pago uniforme por región". En este caso Andalucía sí saldría beneficiada, ya que se podría atender a sus especiales características en diversidad de cultivos y especialización.
Un segundo tramo obligará al agricultor a ir más allá de las normas establecidas de condicionalidad, y estará enfocado al medio ambiente. Habrá normas nuevas referidas, por ejemplo, a la cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos permanentes o la retirada de tierras. Estas medidas, que ya existen en sectores específicos como el arroz en Andalucía, pasarían a formar parte del núcleo duro de la PAC. Todos estarían obligados a cumplirlas.
Ciertos aspectos del documento plantean fórmulas para resolver el ajuste presupuestario que se avecina. Así, establece un tope, aún por definir, para las ayudas, y lleva ese concepto de uniformidad también a los Estados. Así, apuesta porque la media de ayudas en el país que menos recibe esté lo más cerca posible de la media europea. Ahora, las diferencias son muy apreciables. Un informe interno de la Comisión revela que es el núcleo originario de la Unión el más beneficiado: Bélgica y Holanda, 460 euros por hectárea; Italia, 413 euros; Grecia, 384 euros; Alemania, 318 y Francia, 300. España está por debajo de la media europea (271 euros), con 246 euros, a pesar de ser el tercer país que más recibe en términos absolutos, 7.487 millones. Andalucía recibe el 28% de esta cantidad, un porcentaje muy superior a su peso territorial (15%), lo que lleva a pensar que la media que recibe por hectárea es superior a la española.
Los mayores beneficiados de esta igualación serán los países del Este, expresamente mencionados en la Comunicación, y para bien: "Es importante consolidar sus recientes avances en productividad", se dice textualmente.
La Comisión plantea, también, que el tope establecido para las ayudas por agricultor tenga una excepción: la creación de empleo. Tener muchos trabajadores a cargo será un plus. "Eso en principio puede ser favorable, pero habrá que ver el detalle; a ver si por mecanizar los cultivos nos van a quitar ayudas", dice Antonio Caro, técnico de Asaja-Sevilla.
La nueva PAC también establece ayudas específicas para zonas "con condicionantes naturales específicos" o "vulnerables", y para favorecer la competitividad de los pequeños agricultores.
En cuestiones de mercado, la Comisión pasa casi de puntillas por la reivindicación del sector de revisar la cadena agroalimentaria y las normas de competencia. Sólo accede a reforzar los mecanismos actuales para salvar las crisis de precios, como ampliaciones de los periodos de intervención en productos, cláusulas por si hay perturbaciones en el mercado y extensión a más productos del almacenamiento privado. Y admite la necesidad de revisar participación de los agricultores en la cadena de valor, pero sin aportar ideas concretas. En este aspecto, únicamente habla de potenciar los canales de distribución alternativos, es decir, la venta directa del agricultor en mercados locales.
Respecto al segundo pilar, el que se refiere al desarrollo rural, la comunicación es partidaria de paquetes de ayudas integrales que abarquen a la vez el medio ambiente, la innovación, el cambio climático, la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores.
Lo primero, una declaración de principios: el apoyo público se mantendrá, ya que en caso contrario, dice la Comisión, gran parte del territorio europeo se vería abocado a la marginación y el abandono, con consecuencias catastróficas para el medio ambiente. Pero ese respaldo al agricultor debe justificarse ante la opinión pública. ¿Por qué subvencionar la actividad agraria? Básicamente, porque ofrece suministro alimentario de calidad en condiciones seguras, previene el deterioro del paisaje, lucha contra el cambio climático y contribuye a fijar la población rural.
Lo que plantea Bruselas es sustituir el pago único actual -sistema establecido para el grueso de las ayudas y basado en derechos históricos- por una renta fijada con otros criterios, más tangibles. Sería por tramos. El primero sería "uniforme" para todos y atendería a la superficie y lo que se conoce por condicionalidad, es decir, las buenas prácticas agrícolas.
Podría entenderse la expresión "uniforme" como la aceptación de la propuesta de la Presidencia española de ofrecer una tarifa plana de cien euros, lo que hubiera significado que los agricultores andaluces habrían dejado de percibir mil millones al año. Pero la Comisión admite que los productores "se enfrentan a condiciones económicas y naturales muy diferentes", y habla más de equidad que de igualdad. Se trata, más que de valorar a todos igual, de no discriminar a nadie. En su nota de prensa, la Comisión propone como opción "un pago básico de apoyo a la renta que podría adoptar la forma de un pago uniforme por región". En este caso Andalucía sí saldría beneficiada, ya que se podría atender a sus especiales características en diversidad de cultivos y especialización.
Un segundo tramo obligará al agricultor a ir más allá de las normas establecidas de condicionalidad, y estará enfocado al medio ambiente. Habrá normas nuevas referidas, por ejemplo, a la cubierta vegetal, la rotación de cultivos, los pastos permanentes o la retirada de tierras. Estas medidas, que ya existen en sectores específicos como el arroz en Andalucía, pasarían a formar parte del núcleo duro de la PAC. Todos estarían obligados a cumplirlas.
Ciertos aspectos del documento plantean fórmulas para resolver el ajuste presupuestario que se avecina. Así, establece un tope, aún por definir, para las ayudas, y lleva ese concepto de uniformidad también a los Estados. Así, apuesta porque la media de ayudas en el país que menos recibe esté lo más cerca posible de la media europea. Ahora, las diferencias son muy apreciables. Un informe interno de la Comisión revela que es el núcleo originario de la Unión el más beneficiado: Bélgica y Holanda, 460 euros por hectárea; Italia, 413 euros; Grecia, 384 euros; Alemania, 318 y Francia, 300. España está por debajo de la media europea (271 euros), con 246 euros, a pesar de ser el tercer país que más recibe en términos absolutos, 7.487 millones. Andalucía recibe el 28% de esta cantidad, un porcentaje muy superior a su peso territorial (15%), lo que lleva a pensar que la media que recibe por hectárea es superior a la española.
Los mayores beneficiados de esta igualación serán los países del Este, expresamente mencionados en la Comunicación, y para bien: "Es importante consolidar sus recientes avances en productividad", se dice textualmente.
La Comisión plantea, también, que el tope establecido para las ayudas por agricultor tenga una excepción: la creación de empleo. Tener muchos trabajadores a cargo será un plus. "Eso en principio puede ser favorable, pero habrá que ver el detalle; a ver si por mecanizar los cultivos nos van a quitar ayudas", dice Antonio Caro, técnico de Asaja-Sevilla.
La nueva PAC también establece ayudas específicas para zonas "con condicionantes naturales específicos" o "vulnerables", y para favorecer la competitividad de los pequeños agricultores.
En cuestiones de mercado, la Comisión pasa casi de puntillas por la reivindicación del sector de revisar la cadena agroalimentaria y las normas de competencia. Sólo accede a reforzar los mecanismos actuales para salvar las crisis de precios, como ampliaciones de los periodos de intervención en productos, cláusulas por si hay perturbaciones en el mercado y extensión a más productos del almacenamiento privado. Y admite la necesidad de revisar participación de los agricultores en la cadena de valor, pero sin aportar ideas concretas. En este aspecto, únicamente habla de potenciar los canales de distribución alternativos, es decir, la venta directa del agricultor en mercados locales.
Respecto al segundo pilar, el que se refiere al desarrollo rural, la comunicación es partidaria de paquetes de ayudas integrales que abarquen a la vez el medio ambiente, la innovación, el cambio climático, la modernización de las explotaciones y la incorporación de jóvenes agricultores.
